La Junta de Portavoces del Parlamento Europeo encargó ayer a la Comisión de Peticiones la confección de un tercer informe sobre el urbanismo en la costa mediterránea española

La ponente del informe será la eurodiputada danesa Margarete Auken, del Grupo de Los Verdes

El presidente de la Comisión Marcin Libicki, del partido conservador Unión por la Europa de las Naciones, pidió personalmente la elaboración del nuevo informe. En una carta remitida a la Junta de Portavoces del Parlamento Europeo, apunta que la Comisión de Peticiones ha constatado "los problemas con que han tropezado varios miles de ciudadanos europeos que han elegido comprar propiedades en España" y su preocupación "en torno a la correcta aplicación de la legislación de la Unión Europea en varias regiones españolas".

El presidente de la Comisión apunta, en primer lugar, a varios aspectos que podrían lesionar derechos consagrados por la legislación europea.

En primer lugar, violaciones del derecho a la propiedad "legítimamente adquirida, consagrado en la Convención Europea de Derechos Humanos y en el Artículo 6 del Tratado de la Unión, relativo al derecho a establecerse".

En segundo lugar, cita posibles violaciones de la norma europea de contratación pública en el desarrollo de grandes proyectos de urbanización en la Comunidad Valenciana, un asunto que, la Comisión Europea ya ha denunciado ante el Tribunal de Estrasburgo.

La tercera colisión con la normativa europea que cita Libicki se refiere a los problemas ambientales que genera el "efecto acumulativo" de los grandes proyectos de urbanización en "las regiones costeras de Valencia, Murcia, Andalucía y Cataluña".

Finalmente, el presidente de la Comisión cita "muchas construcciones ilegales, algunas amenazadas de demolición. Un problema que afecta a miles de personas que compraron sus propiedades de buena fe a intermediarios sin escrúpulos que a veces han sido protegidos por autoridades locales".

Por su parte El Grupo Popular Europeo dígase (PP y Cia) votó contra la elaboración del informe y atacó a los socialistas españoles por apoyarlo. El eurodiputado Gerardo Galeote denunció la "irresponsabilidad de los eurodiputados socialistas españoles que sistemáticamente han traído a debate en el Parlamento Europeo en esta legislatura asuntos internos españoles, lo que ha provocado la criminalización de un sector que ha sido clave para el desarrollo económico y la creación de empleo en España en los últimos años".